En días recientes hemos sido golpeados en nuestra inteligencia y sentido común, por una noticia que da cuenta del lamentable estado de nuestras instituciones: cuatro delincuentes extranjeros resuelven ejercer el oficio que probablemente ejercían en el Estado fallido del que son originarios, esta vez en nuestra copia feliz del edén: secuestran a un pobre ciudadano chileno y cobran y perciben rescate de treinta millones de pesos con pleno éxito. Luego de una ardua labor policial logran ser identificados, ubicados, detenidos y puestos a disposición de la autoridad persecutora y juzgadora de esas graves conductas delictuales. Son privados de libertad, pero la defensa, que es pagada por los impuestos de la gente honesta de este asilo contra la opresión, solicita que sean puestos en libertad durante el proceso investigativo. Es un trámite inútil, pero es mi obligación, habrá pensado el Defensor Público, que seguramente le habrá advertido a sus representados que no tendría éxito, porque la conducta tipificada por el artículo 141 del Código Penal, merece una pena altísima y porque son extranjeros sin residencia legal, ilegalmente ingresados a Chile (la noticia filtra ese antecedente para no dañar aún más el relato buenista de los migrantes igual víctimas).
El persecutor, que es un
funcionario muy bien remunerado por todos los chilenos cuyo cargo se denomina Fiscal
(¡!), de nombre Luis Alejandro Soto Pérez, llega a la
audiencia como ordinariamente sucede en los juzgados de represión penal de
nuestro país, sin conocer los antecedentes del caso, y la jueza, también muy
bien remunerada por todos los chilenos, de nombre Daniella Pinto Cortés,
decide castigar la desidia del funcionario, ¡¡poniendo en libertad a los
delincuentes!! Cabe destacar que, en un video levantado en la página del Poder
Judicial[1],
se hace pública la ceremonia de juramento de la señora Pinto como Jueza de
Garantía de Los Vilos con fecha 22 de diciembre de 2022. En esa audiencia, el
Presidente de la Corte de La Serena, Sergio Troncoso Espinoza hace un emocionado
panegírico de la funcionaria, señalando que se ha desempeñado como experta
en derechos humanos en esa Corte y en otros juzgados de la república. Por
su parte, ocurridos los eventos, el Fiscal regional de la Cuarta Región, Patricio
Cooper Monti, como un comentarista más de esta triste situación, barre el
piso con el ineficiente funcionario bajo su tutela y responsabilidad, como si
él no tuviese arte ni parte en el episodio.
Luego de superar la perplejidad
de la decisión judicial al verse libres, los delincuentes huyen, y en las ciudades
y calles de nuestro país muy probablemente deben seguir ejerciendo
eficientemente -a diferencia de los nombrados en el párrafo anterior- su oficio
delictual con comodidad y conciencia de la impunidad que reina en esta tumba
de los libres.
He puesto en negritas los nombres
de estos cuatro funcionarios, todos remunerados muy por sobre el nivel de
remuneración que tienen empleados del sector privado con responsabilidades
iguales y superiores, para destacar el primer vicio que afecta a la administración
del estado: la total y absoluta falta de sentido de responsabilidad por la
consecuencia de sus actos y omisiones. Accountability es una palabra se
traduce del inglés escuetamente como responsabilidad. Pero en la cultura
anglosajona esa palabra significa algo con mucho mayor contenido: se refiere a lo
señalado; a una permanente actitud de responsabilidad por la consecuencia de
nuestro actuar, conducta que se les inculca a los niños desde su primera
infancia.
De la manera descrita, el Estado
de Chile es hoy por hoy, un fraude en contra de los intereses de quienes
pagamos impuestos, fraude que se manifiesta en remunerar generosamente, a
personas completamente descriteriadas y que son las directas responsables del
estado de inseguridad que padecemos. ¿Cómo han llegado las instituciones a
tamaña imbecilidad colectiva? Hay varias razones, pero me referiré a dos causas
que intentaré explicar.
La primera es que estamos
inmersos en una ideología dominante que tiene implicancias en la falta
absoluta de operatividad del Estado. Según esta perspectiva sesgada por las
ideas equívocas sobre la naturaleza humana, las conductas delictuales son un
subproducto de las injusticias de la sociedad y por ende los delincuentes requieren
de protección frente al Estado, cuando este ejerce ordinaria y natural tarea
represiva de conductas lesivas al interés general. En dos palabras lo que es
evidente desde el punto de vista del sentido común: las victimas son las
victimas y los victimarios los victimarios, para esta ideología dominante no lo
es. Y quienes profesan esta completa imbecilidad actúan con la arrogancia de
quienes se sienten poseedores de un arcano de conocimientos a los que, el común
de los mortales, no estamos preparados para conocer. Periodistas, abogados de
derechos humanos[2],
jueces, pontifican genéricamente sobre los derechos humanos, sin conocer o
tener presente, conocimientos básicos de exégesis jurídicas y precisión idiomática.
Susana Tamaro, brillante novelista y ensayista italiana contemporánea sintetiza
este ambiente intelectual al señalar: “Una de
las más grandes violencias que el pensamiento moderno ha impuesto al hombre es
precisamente esta: haber sugerido que no existen bases creíbles. Una cosa no
existe por el sentido que tiene, sino únicamente como señal de otra. Todo
es ficción y, por lo tanto, fácilmente desmontable y re construible. Esto es lo
que hace el hombre de cultura: desmonta y vuelve a montar, divertido por su
habilidad. Es solo un juego, y, como tal, se queda en eso”.[3] ¿Qué
es sino lo señalado por la Tamaro, la ideología de los derechos humanos?
Efectivamente eso: un intento de desmontar el mundo del sentido común y
sustituirlo por un montaje intelectual artificial de lo que debe ser el
mundo, en base a la pura creatividad teórica. Al respecto sugiero revisar
los artículos 22 y siguientes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
especie de libro sagrado del poder dominante, para concluir que son galimatías
que causan necesariamente la disolución de la sociedad.
Así, un hecho tan evidentes como,
que la existencia y supervivencia de una colectividad humana está fundada y
sostenida por usos, costumbres, normas morales y normas jurídicas que hacen
posible el bien común general, donde la autoridad de la familia y del Estado
deben imponerse, este último coercitivamente contra esas transgresiones; se ve
neutralizado por una ideología obtusa donde resulta sospechosa cualquier
potestad, que pretende quebrar y someter voluntades lesivas a esas normas de
convivencia. La consecuencia necesaria de la primacía de esta ideología obtusa
es una sola: el caos.
Conforme a esta ideología, cuando
los individuos se conducen en base a sus egoísmos, pasiones narcisistas y
desprecio por los derechos y el bien de los demás, estarían actuando
correctamente porque se han liberado de las opresiones a las que la
sociedad patriarcal, opresora, explotadora, los ha sometido. El bien común
general, y la sumisión a las normas señaladas sería un estado de enajenación,
porque la imposición de esos usos, costumbres, normas morales y jurídicas, impedirían
la libertad de cada cual.
Esta realidad poco advertida por
las masas y que en distintos grados comparten las élites gobernantes, nos ha
llevado a bautizar nueves instituciones, con nombres que son ilustrativos del
caos que vivimos. Los juzgados de represión penal dejaron de llamarse juzgados en
lo penal, y desde la reforma procesal penal son Juzgados de Garantía. ¿Garantía
de quién? De los delincuentes. Los llamados estándares de prueba en el
proceso penal, son una metodología de ponderación impuesta a los jueces, que
las más de las veces insultan el sentido común, y los ejemplos prácticos de
aquello son cotidianos.
La segunda causa del
lamentable episodio descrito, es la completa inoperancia del Estado en
el reclutamiento de personas que ostentan cargos con delicadas
responsabilidades. Resulta evidente que las cuatro personas destacadas en el párrafo
precedente, por sus expresiones, dan cuenta que no deberían estar en el cargo
que ostentan. Carecen de capacidad de abstracción para enjuiciar adecuadamente un
acontecimiento, y no son capaces, sea por falta de inteligencia u honestidad,
de ponderar la consecuencia de sus actos. El presidente de la Corte de La
Serena por el juicio tan radicalmente equivocado sobre los talentos de la jueza;
la jueza por la manifiesta falta de inteligencia al resolver como lo hizo; el
fiscal a cargo por su completa desidia y flojera; y el fiscal regional por su
sórdido intento de exonerarse de su responsabilidad en el caso. Existen eficientes
métodos de selección de personal en el sector privado, que, en el ascenso de
estos funcionarios a esos cargos, con toda seguridad no se usaron porque de
haberse usado, no habrían ascendido a esas responsabilidades.
Lo más grave del episodio, es que
no es aislado. Son muchos los casos en que después de costosísimos[4]
procesos para aislar y reprimir conductas lesivas al bien común general, donde los
delincuentes, sicópatas, sociópatas, resultan libres. El más sonado sin duda es
el del ocupante del Palacio de La Moneda que indulto y decretó pensiones
vitalicias en favor de algunos de esos sicópatas y sociópatas que han seguido
sus meteóricas carreras delictuales.
Mientas no ataquemos ambas causas
señaladas en esta reflexión, no es difícil pronosticar que seguiremos en este
refalín descendente que nos lleva a la piscina de detritus y al caos.
Junio 2024
[1] https://www.poderjudicialtv.cl/programas/juramentos-integrantes-poder-judicial/daniella-pinto-cortes-jura-como-jueza-titular-del-juzgado-de-letras-y-garantia-de-los-vilos/
[2] Como si existiesen derechos inhumanos o no humanos a
los cuales se dedican los juristas vulgares
[3] La supuesta superioridad del desencanto. En: S. Tamaro, Más
fuego, más viento, pp. 130-131.
[4] Costo que sufraga usted estimado lector
La jueza está muerta y el fiscal asistente, también, ambos debieron asumir - por imbéciles qué fueran- qué las condiciones para tenerlos presos no habían cambiado, por lo cual debía mantenerse esa cautelar.
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