En el llamado conflicto mapuche
en la zona de La Araucanía, Los Rios y Los Lagos, se reúne lo más granado de la
estulticia, demagogia, codicia y avaricia de nuestra nacionalidad.
El gobierno militar impulsó dos
políticas de estado – a mi juicio atinadas- que son una isla en un océano de
desatinos que posteriormente han cometido el estado nacional, los empresarios forestales
más influyentes y las comunidades mapuches del sector; condimentadas por la
demagogia de la izquierda revolucionaria.
Impulsó el gobierno militar el
Decreto Ley 701, un fondo fiscal extraído de fondos generales de la nación, para
subvencionar el desarrollo forestal. A los particulares se les bonificaba un
porcentaje de la inversión en reforestación de terrenos con aptitud
preferentemente forestal. Permitió esa bonificación poner de pie una industria
forestal entonces casi inexistente. Dos consorcios económicos – CMPC y Forestal
Arauco - que entonces tenían un valor bursátil con el cual hoy día un banco no
les otorgaría ni un préstamo de consumo, se capitalizaron gracias a ese
mecanismo. Existió un abuso tolerado negligentemente por las autoridades sectoriales,
que consistió en integrar tierras que no tenían exactamente aptitudes preferentemente
forestales sino agrícolas, a la bonificación forestal, pero se estimó entonces que
aquello no hacía ningún daño, sino más bien beneficio, porque integraba
terrenos que no tenían entonces un destino productivo agrícola.
La capitalización de esas
empresas no solo agregó valor a los terrenos que ya entonces poseían
legalmente, sino que impulsó una agresiva política de adquisiciones de terrenos
algunos forestales y otros agrícolas, sobre los cuales desarrolló planes de
forestación inicialmente subvencionados por el Decreto Ley 701 y después con
sus propios recursos.
La otra política de estado,
permitió nivelar a las personas miembros de comunidades mapuches a la condición
de ciudadanos plenamente capaces para usar, gozar y disponer de sus bienes, confiriéndoles
títulos individuales de plenos propietarios, sobre tierras que poseían con
títulos precarios que les impedían la libre disposición.
Los efectos de estas dos políticas
fueron mayormente beneficiosos. Se generó una industria antes inexistente, y un
círculo virtuoso de actividad económica y mejora en las condiciones de vida, de
sectores hasta antes del decreto ley 701 sumidos en la pobreza, subalimentación
y abandono por parte de los bienes públicos que provee el estado. En el caso de
los nuevos propietarios individuales en un porcentaje indeterminado – y deliberadamente
obscurecido por los políticos demagogos – los nuevos propietarios hicieron
fructificar y prosperar sus propiedades individuales, y por tal razón,
electoralmente siempre le dieron la mayoría de votos a quienes dicen ser los
herederos del gobierno militar.
Pero también hubo efectos
perniciosos de estas dos políticas. La afectación al destino agrícola de
terrenos que antes habían sido el granero de américa (en el siglo XIX el
principal exportador de trigo a California era Chile). El trastorno ecológico
que supuso poblar con especies forestales foráneas que tiene hábitos de consumo
de agua distintas a las especies nativas ha agudizado los efectos de la sequía;
y el desamparo social de personas que habiéndole legalmente vendido a las
empresas forestales no tuvieron el talento y condiciones para fructificar con
el capital monetario recibido.
Siguiendo su premisa victimista en
orden a que la causa del fracaso de los fracasados es el éxito de los exitosos,
el gobierno de Patricio Aylwin Azocar autor intelectual de la ley de reforma
agraria que sembró el caos en todo el agro chileno, dictó en su gobierno la ley
indígena, que ha resultado ser el portaviones del caos social en las zonas rurales
donde antaño convivían pacíficamente comunidades indígenas. No ha solucionado
ningún problema social ni político, ha elevado a la potencia las frustraciones
sociales y ha legitimado la usurpación. La demagogia ha sembrado la codicia de
los frustrados por haber dejado de ser poseedores y como este círculo genera
más pobreza y frustración, a los nuevos pobres la demagogia los pliega al ejército
de frustrados y estos terminan siendo legiones.
¿Y cómo reaccionan los
controladores de las empresas que se enriquecieron basalmente de los aportes
del fisco? Pues ocupados en lo único que saben hacer: maximizar los beneficios
de sus accionistas y ahora, efectuando una triangulación grotescamente simple
para hacer desaparecer todos sus activos fijos en la zona conflictiva y
transformarlos en activos circulantes. En efecto; Arauco, obligada por ley, informó
a la Comisión para el Mercado Financiero, como hecho esencial que había “vendido”
sus más de 80 mil hectáreas forestales a fondos de inversión foráneos y todos
para la casa con sus utilidades. ¿Qué pasa con el giro forestal? Pues que sigue
explotándolo, arrendando a su “contraparte” propietaria de las tierras. ¿Es jurídicamente
lícita esta operación? No solamente lícita, sino que blinda a los accionistas
porque no podrán expropiar lo que es de propiedad de extranjeros vinculados por
pactos de comercio como Japón, Corea, etc. ¡Golazo! Se abrazan gerentes,
abogados y banqueros; como cuando la selección hace un gol. Cuales
prestidigitadores hacen un malabar astuto y todos sus activos desaparecen por
arte de birlibirloque.
La avaricia se define como
el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas; la codicia
como el afán desmedido de riquezas y bienes que no se poseen y la demagogia
es la degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante
el temor y concesiones y halagos falsos, que estimulan las emociones
elementales de los gobernados, buscan conseguir e incrementar su poder.
No hay posibilidad alguna de
concertar la paz social cuando la empresa privada (privada entre comillas
porque fue subvencionada en sus orígenes) tienen en su norte exclusivamente la
avaricia de sus propietarios. No es justo, ni es moralmente lícito lo
que han hecho. Recibieron una subvención de todos los chilenos en base a la
cual adquirieron una posición de poder que es manifiestamente excesiva para el
interés nacional, y ahora nos endosan a todos los chilenos un problema social,
ecológico y hoy alimentario, que si bien es cierto no lo generaron directamente
ellos, son parte directa de él y los principales llamados a solucionarlo. ¿Qué eso
no está en su giro y en los estatutos de la sociedad anónima? Tampoco lo está
que su razón de existir fuese la dádiva que le entregaron el resto de los
chilenos con el D.L. 701. Esa deuda no está en los estados financieros, pero es
de justicia cobrarla. No es lícito que el corazón productivo de la nación sea
enajenado a extranjeros que están muy lejos y ajenos a nuestros problemas.
No hay posibilidad alguna de
concertar la paz social con políticos como los actuales de todo el espectro que
actúan demagógicamente, sin decirle la verdad a los electores, sembrando expectativas
falsas que serán causa del descoyuntamiento del esqueleto social. La ley indígena
es una falsedad de principio a fin. Su derogación inmediata es condición sine qua
non de la paz social.
No hay posibilidad alguna de
concertar la paz social con un poder judicial que busca actuar políticamente
sin sujeción a la ley y a la constitución, prevaricando a diario para imponer
contra texto explícito de la ley, la subjetividad de la justicia del caso
concreto. Deberían quienes manifiestan esa voluntad, renunciar al poder
judicial y postular a cargos de elección popular.
No hay posibilidad alguna de
concertar la paz social con individuos y grupos de presión que se consideran
por sobre la ley y pretenden legitimar por la fuerza más o menos violenta, sus expectativas
de adquirir gratuitamente derechos bajo justificaciones espurias como su presunto
origen racial.
El plato está servido para la guerra
civil. La presa principal la pone la gran empresa que es como la vaca que
olvidó que fue ternero, los políticos que han hecho un negocio de la cosa
pública, los miembros del poder judicial superhéroes de la subjetividad
jurídica y los terroristas que buscan ganancia a rio revuelto.
El rechazo al mamarracho constitucional
no será solución. Solo permitirá que no empeore esta situación.
Mayo de 2022
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