domingo, 23 de junio de 2024

LOS MIGRANTES, LA DEMAGOGIA, LA PRUDENCIA Y LA JUSTICIA

 Se han hecho virales, sendas declaraciones de la Conferencia Episcopal y del Senador Manuel José Ossandon que abogan por la “regularización” de los migrantes ilegales. La propuesta es vagarosa porque no se precisa, qué quieren decir con aquello de regularizar.

El fenómeno de la migración a nuestro país en los últimos años, no ha sido espontáneo. El gobierno de la presidenta Bachelet, sottovoce, sin hacer pública una política al respecto, ocultando la medida hacia los que forman la soberanía popular de Chile, organizó de manera coordinada y sistemática una migración larvadamente ilegal de ciudadanos haitianos, financiada hasta ahora no se sabe muy bien por quién. A cambio de esta generosa conducta, la señora Bachelet obtuvo un jugoso botín: pasó a integrarse como Alteza Serenísima, a la burocracia de las naciones unidas, como generalísima de su campaña de, dinamitar las soberanías nacionales y el concepto de Estado-Nación, estructura que desde el siglo XVII, ha sido pilar de la realpolitik mundial y ha soportado con alguna eficacia la convivencia pacífica.

Como es habitual en la conductas de los revolucionarios, entran como bueyes en la cristalería, sin tener muy claro que resultará de su experimento con seres humanos. Muchos de esos haitianos menores de edad habrán muerto ahogados cruzando el rio grande rumbo a los EE. UU. con su visa waiver chilena en el bolsillo. Vi a esos pobres compartiendo masivamente el avión en que me dirigía a ciudad de México donde los esperaban probablemente los coyotes para cruzarlos al cielo norteamericano. Todos eran padres adultos haitianos acompañados de sus hijos chilenos.

El experimento “haitianos en Chile” sirvió para demostrar que nuestra fértil provincia señalada, era capaz de acoger a personas de otra raza que vivían la mayoría en condición de extrema pobreza en su país, que, dicho sea de paso, Haití es un modelo y ejemplo de Estado Fallido, dinamitado por el buenismo de la burocracia mundialista de la ONU.

Como señala el viejo adagio que esgrimen economistas, los agentes económicos responden a los estímulos, y fue así como los pobres de los países del norte de Sudamérica, vieron en el ejemplo haitiano la oportunidad de radicarse en Chile y gozar de los beneficios sociales gratuitos, proveídos por los esforzados contribuyentes chilenos.

En aquello de, migrantes ilegales, hay que hacer una distinción: 1) los que entraron de manera formalmente legal a Chile con visado de turista y luego permanecieron violando los plazos de permanencia. Estos a su vez deben dividirse entre aquellos que abogan ante una burocracia lenta e ineficaz por su radicación legal y quienes están al margen de toda intención de legalizarse; y 2) aquellos que ingresaron ilegalmente al país por pasos no habilitados y que obviamente no tienen los medios formales para regularizar su permanencia, a menudo ni siquiera tienen identificación de sus naciones de origen.

¿Cómo llegaron hasta la frontera de Chile los segundos? Las conjeturas son variadas: 1) la satrapía venezolana los estimuló y financió para deshacerse del bulto de pobres y de delincuentes, que podían desestabilizar la perla de la corona neoliberal que era Chile. 2) Foundation que articula la ONU que enviando como bovinos a aquellos infelices, mataban dos pájaros de un tiro: minaban al Estado-Nación chileno abogando por el derecho humano a migrar, y quitaban presión a la migración hacia EEUU.

En el frente interno el fenómeno que ha minado gravemente la convivencia y la paz social, ha tenido distintas reacciones. Es estimulado y financiado por la asociación ilícita de tráfico de personas que mantiene impunemente la orden religiosa de la Compañía de Jesus (¡ay Jesús que compañía…!). Es apoyado por la izquierda radical que vio en el fenómeno un regalo del cielo porque le permitía desestabilizar la estructura social y el odiado sistema neoliberal. Y el resto de la élite judicial, política, burocrática y militar, lo observa con parálisis mental y obsecuencia, por el temor de ser acusada de violadora de derechos humanos. Algunos sectores empresariales cegados por su tacañería y estulticia, lo han visto como una “inyección al mercado laboral” que les permite sostener bajos costos salariales.

Entre tanto, el soberano, el pueblo de Chile, observa con estupor como les han expropiado su país frente a sus ojos, sin que la orgánica del Estado que con su esfuerzo financia, no hace absolutamente nada.

Es en este escenario en el cual, el honorable y “generoso” senador Ossandon aboga por la regularización de los migrantes sin mayor precisión de lo que está diciendo y sin medir en absoluto la consecuencia que ello tendría para la institucionalidad. Su opinión puede estar fundada en la estulticia crónica que le afecta, o en la demagógica pretensión de concitar el favor de los extranjeros favorecidos, que podrían ser clientes políticos a futuro, o, en darle pega a su hijo que se anuncia en la web con su oficina de abogados especializada en “regularizar” migrantes. Lo de Ossandón es de un tal patetismo, que nos obliga a meditar urgentemente sobre la necesidad de purgar las instituciones republicanas de este tipo de personas que, con su proceder bobo, demagógico o corrupto, afectan gravemente el bien común general, operando para su beneficio personal. Advierto: no es comparable su motivación a la de los obispos que paso a analizar en seguida.

La jerarquía de la iglesia católica chilena se encuentra formalmente representada por un colegio de obispos diocesanos que se denomina Conferencia Episcopal. Este consorcio elige, al parecer por votación del cuerpo colegiado, un Comité Permanente que es lo que pudiera llamarse la vocería de los obispos chilenos. Ha sido ese Comité Permanente el que, involucrado en prescribir y opinar sobre políticas de Estado desde hace ya cuarenta años, opta por propuestas generalmente desconectadas con la realidad, sin una genuina medición de la consecuencia de dichas propuestas. Estas propuestas, como es la de marras, buscan una justicia y provocan una gravísima injusticia que nos hace recordar la lápida mortuoria del Cardenal Richelieu: Aquí yace un hombre que hizo el bien e hizo el mal. El mal que hizo lo hizo bien, y el bien que hizo lo hizo mal.

¿Qué quieren decir los obispos cuando hablan de regularizar? Ni ellos lo tienen claro. ¿Por qué? Porque no saben ni conocen y por consecuencia no miden, la consecuencia que tendría materializar su propuesta. ¿Qué provocaría? Pues una expropiación masiva de derechos a los chilenos menos autovalentes que demandan prestaciones sociales que son intrínsecamente limitadas. ¿Qué más provocaría? Una oleada incontenible de nuevos migrantes que conforman a los desamparados de redes sociales en toda la “América Morena”. Es decir, la medida propuesta por los prelados, causaría con certeza absoluta, caos e injusticia.

¿Por qué hombre supuestamente ilustrados cometen tamaña equivocación? Conjeturo que es por un error común de toda la iglesia post conciliar: Ponen la justicia como virtud, antes que la virtud de la prudencia, desoyendo en tal sentido, las enseñanzas de su Doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, que les enseñó que la prudencia es la madre de las virtudes, y que, sin cultivar la prudencia, la justicia no es más que una parodia de tal. Porque justicia señores prelados, no es dar a los migrantes lo que les es propio; es dar a cada cual lo que le es propio, y en política eso supone discernir prudentemente sobre lo que se puede y sobre lo que no se puede hacer. Porque a la política no le es aplicable la parábola del buen Samaritano, la cual está referida a la conciencia individual pero no colectiva. En política, si el Samaritano llevaba los valores del erario público y distrayendo esos valores financió el bienestar del pobre herido del camino, no sería un buen samaritano sino un delincuente sustractor de los bienes de terceros. Es una parábola y como tal, no nos hacemos cuestión de dónde sacó las monedas el buen samaritano. Pero que quede claro: es una enseñanza para los individuos, no una enseñanza política.

¿O es que hay en la declaración de los obispos un atisbo de demagogia para hacerse amables frente a una feligresía de desamparados? No lo quisiera ni pensar porque los haría acreedores de un grave pecado (todo esto te daré sí postrado me adorares; Mateo 4-9-11). Prefiero creer que desordenaron el orden de aplicación de las virtudes cardinales y que están mal asesorados.

Junio 2024

domingo, 9 de junio de 2024

LA IDEOLOGIA, LA ESTUPIDEZ Y EL ROL DEL ESTADO

 En días recientes hemos sido golpeados en nuestra inteligencia y sentido común, por una noticia que da cuenta del lamentable estado de nuestras instituciones: cuatro delincuentes extranjeros resuelven ejercer el oficio que probablemente ejercían en el Estado fallido del que son originarios, esta vez en nuestra copia feliz del edén: secuestran a un pobre ciudadano chileno y cobran y perciben rescate de treinta millones de pesos con pleno éxito. Luego de una ardua labor policial logran ser identificados, ubicados, detenidos y puestos a disposición de la autoridad persecutora y juzgadora de esas graves conductas delictuales. Son privados de libertad, pero la defensa, que es pagada por los impuestos de la gente honesta de este asilo contra la opresión, solicita que sean puestos en libertad durante el proceso investigativo. Es un trámite inútil, pero es mi obligación, habrá pensado el Defensor Público, que seguramente le habrá advertido a sus representados que no tendría éxito, porque la conducta tipificada por el artículo 141 del Código Penal, merece una pena altísima y porque son extranjeros sin residencia legal, ilegalmente ingresados a Chile (la noticia filtra ese antecedente para no dañar aún más el relato buenista de los migrantes igual víctimas).

El persecutor, que es un funcionario muy bien remunerado por todos los chilenos cuyo cargo se denomina Fiscal (¡!), de nombre Luis Alejandro Soto Pérez, llega a la audiencia como ordinariamente sucede en los juzgados de represión penal de nuestro país, sin conocer los antecedentes del caso, y la jueza, también muy bien remunerada por todos los chilenos, de nombre Daniella Pinto Cortés, decide castigar la desidia del funcionario, ¡¡poniendo en libertad a los delincuentes!! Cabe destacar que, en un video levantado en la página del Poder Judicial[1], se hace pública la ceremonia de juramento de la señora Pinto como Jueza de Garantía de Los Vilos con fecha 22 de diciembre de 2022. En esa audiencia, el Presidente de la Corte de La Serena, Sergio Troncoso Espinoza hace un emocionado panegírico de la funcionaria, señalando que se ha desempeñado como experta en derechos humanos en esa Corte y en otros juzgados de la república. Por su parte, ocurridos los eventos, el Fiscal regional de la Cuarta Región, Patricio Cooper Monti, como un comentarista más de esta triste situación, barre el piso con el ineficiente funcionario bajo su tutela y responsabilidad, como si él no tuviese arte ni parte en el episodio.

Luego de superar la perplejidad de la decisión judicial al verse libres, los delincuentes huyen, y en las ciudades y calles de nuestro país muy probablemente deben seguir ejerciendo eficientemente -a diferencia de los nombrados en el párrafo anterior- su oficio delictual con comodidad y conciencia de la impunidad que reina en esta tumba de los libres.

He puesto en negritas los nombres de estos cuatro funcionarios, todos remunerados muy por sobre el nivel de remuneración que tienen empleados del sector privado con responsabilidades iguales y superiores, para destacar el primer vicio que afecta a la administración del estado: la total y absoluta falta de sentido de responsabilidad por la consecuencia de sus actos y omisiones. Accountability es una palabra se traduce del inglés escuetamente como responsabilidad. Pero en la cultura anglosajona esa palabra significa algo con mucho mayor contenido: se refiere a lo señalado; a una permanente actitud de responsabilidad por la consecuencia de nuestro actuar, conducta que se les inculca a los niños desde su primera infancia.

De la manera descrita, el Estado de Chile es hoy por hoy, un fraude en contra de los intereses de quienes pagamos impuestos, fraude que se manifiesta en remunerar generosamente, a personas completamente descriteriadas y que son las directas responsables del estado de inseguridad que padecemos. ¿Cómo han llegado las instituciones a tamaña imbecilidad colectiva? Hay varias razones, pero me referiré a dos causas que intentaré explicar.

La primera es que estamos inmersos en una ideología dominante que tiene implicancias en la falta absoluta de operatividad del Estado. Según esta perspectiva sesgada por las ideas equívocas sobre la naturaleza humana, las conductas delictuales son un subproducto de las injusticias de la sociedad y por ende los delincuentes requieren de protección frente al Estado, cuando este ejerce ordinaria y natural tarea represiva de conductas lesivas al interés general. En dos palabras lo que es evidente desde el punto de vista del sentido común: las victimas son las victimas y los victimarios los victimarios, para esta ideología dominante no lo es. Y quienes profesan esta completa imbecilidad actúan con la arrogancia de quienes se sienten poseedores de un arcano de conocimientos a los que, el común de los mortales, no estamos preparados para conocer. Periodistas, abogados de derechos humanos[2], jueces, pontifican genéricamente sobre los derechos humanos, sin conocer o tener presente, conocimientos básicos de exégesis jurídicas y precisión idiomática. Susana Tamaro, brillante novelista y ensayista italiana contemporánea sintetiza este ambiente intelectual al señalar: Una de las más grandes violencias que el pensamiento moderno ha impuesto al hombre es precisamente esta: haber sugerido que no existen bases creíbles. Una cosa no existe por el sentido que tiene, sino únicamente como señal de otra. Todo es ficción y, por lo tanto, fácilmente desmontable y re construible. Esto es lo que hace el hombre de cultura: desmonta y vuelve a montar, divertido por su habilidad. Es solo un juego, y, como tal, se queda en eso”.[3] ¿Qué es sino lo señalado por la Tamaro, la ideología de los derechos humanos? Efectivamente eso: un intento de desmontar el mundo del sentido común y sustituirlo por un montaje intelectual artificial de lo que debe ser el mundo, en base a la pura creatividad teórica. Al respecto sugiero revisar los artículos 22 y siguientes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especie de libro sagrado del poder dominante, para concluir que son galimatías que causan necesariamente la disolución de la sociedad.

Así, un hecho tan evidentes como, que la existencia y supervivencia de una colectividad humana está fundada y sostenida por usos, costumbres, normas morales y normas jurídicas que hacen posible el bien común general, donde la autoridad de la familia y del Estado deben imponerse, este último coercitivamente contra esas transgresiones; se ve neutralizado por una ideología obtusa donde resulta sospechosa cualquier potestad, que pretende quebrar y someter voluntades lesivas a esas normas de convivencia. La consecuencia necesaria de la primacía de esta ideología obtusa es una sola: el caos.

Conforme a esta ideología, cuando los individuos se conducen en base a sus egoísmos, pasiones narcisistas y desprecio por los derechos y el bien de los demás, estarían actuando correctamente porque se han liberado de las opresiones a las que la sociedad patriarcal, opresora, explotadora, los ha sometido. El bien común general, y la sumisión a las normas señaladas sería un estado de enajenación, porque la imposición de esos usos, costumbres, normas morales y jurídicas, impedirían la libertad de cada cual.

Esta realidad poco advertida por las masas y que en distintos grados comparten las élites gobernantes, nos ha llevado a bautizar nueves instituciones, con nombres que son ilustrativos del caos que vivimos. Los juzgados de represión penal dejaron de llamarse juzgados en lo penal, y desde la reforma procesal penal son Juzgados de Garantía. ¿Garantía de quién? De los delincuentes. Los llamados estándares de prueba en el proceso penal, son una metodología de ponderación impuesta a los jueces, que las más de las veces insultan el sentido común, y los ejemplos prácticos de aquello son cotidianos.

La segunda causa del lamentable episodio descrito, es la completa inoperancia del Estado en el reclutamiento de personas que ostentan cargos con delicadas responsabilidades. Resulta evidente que las cuatro personas destacadas en el párrafo precedente, por sus expresiones, dan cuenta que no deberían estar en el cargo que ostentan. Carecen de capacidad de abstracción para enjuiciar adecuadamente un acontecimiento, y no son capaces, sea por falta de inteligencia u honestidad, de ponderar la consecuencia de sus actos. El presidente de la Corte de La Serena por el juicio tan radicalmente equivocado sobre los talentos de la jueza; la jueza por la manifiesta falta de inteligencia al resolver como lo hizo; el fiscal a cargo por su completa desidia y flojera; y el fiscal regional por su sórdido intento de exonerarse de su responsabilidad en el caso. Existen eficientes métodos de selección de personal en el sector privado, que, en el ascenso de estos funcionarios a esos cargos, con toda seguridad no se usaron porque de haberse usado, no habrían ascendido a esas responsabilidades.

Lo más grave del episodio, es que no es aislado. Son muchos los casos en que después de costosísimos[4] procesos para aislar y reprimir conductas lesivas al bien común general, donde los delincuentes, sicópatas, sociópatas, resultan libres. El más sonado sin duda es el del ocupante del Palacio de La Moneda que indulto y decretó pensiones vitalicias en favor de algunos de esos sicópatas y sociópatas que han seguido sus meteóricas carreras delictuales.

Mientas no ataquemos ambas causas señaladas en esta reflexión, no es difícil pronosticar que seguiremos en este refalín descendente que nos lleva a la piscina de detritus y al caos.

Junio 2024



[1] https://www.poderjudicialtv.cl/programas/juramentos-integrantes-poder-judicial/daniella-pinto-cortes-jura-como-jueza-titular-del-juzgado-de-letras-y-garantia-de-los-vilos/

[2] Como si existiesen derechos inhumanos o no humanos a los cuales se dedican los juristas vulgares

[3] La supuesta superioridad del desencanto. En: S. Tamaro, Más fuego, más viento, pp. 130-131. 

[4] Costo que sufraga usted estimado lector